Los movimientos, que comenzaron a fines de diciembre de 2025 en el Gran Bazar de Teherán debido al colapso de la moneda y la inflación desbordada, han evolucionado hasta desafiar directamente al liderazgo clerical de Irán, con impactos tanto internos como regionales e internacionales.
En las últimas semanas, Irán ha sido escenario de una de las olas de protesta más significativas desde la revolución de 1979, desatada por una crisis económica profunda y extendiéndose rápidamente hacia un reclamo generalizado contra la estructura política del país.
El detonante de esta crisis social fue el agravamiento de la economía iraní, que arrastra años de sanciones internacionales, una caída histórica en el valor del rial y un aumento sostenido en los precios de bienes básicos.
La pérdida de poder adquisitivo y el descontento generalizado entre comerciantes, trabajadores y ciudadanos de sectores medios y bajos catalizaron las primeras manifestaciones, que rápidamente se expandieron a más de 30 provincias y se transformaron en protestas políticas abiertas contra el sistema teocrático.
A medida que los días de movilización se acumulaban, el régimen respondió con una represión cada vez más violenta.
Organizaciones de derechos humanos han reportado cifras de víctimas que varían ampliamente debido a un apagón casi total de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero de 2026, diseñado para limitar la difusión de información y obstaculizar la coordinación de los manifestantes.
Se han reportado cientos de muertos, con estimaciones extraoficiales que sugieren que la cifra real podría ser significativamente mayor, y más de 10 000 detenciones en todo el país.
Los enfrentamientos han generado también un impacto humanitario agudo: hospitales y morgues de ciudades como Teherán y Shiraz han quedado saturados, frente a un uso de la fuerza que incluye detenciones masivas, disparos con munición real y tácticas de control social agresivas.
Organizaciones de observación internacional han denunciado violaciones de derechos humanos y exigido transparencia y rendición de cuentas.
En el plano político interno, la dispersión de las protestas ha evidenciado una fractura entre los sectores reformistas y los elementos más conservadores del régimen.
Mientras figuras como el presidente Masoud Pezeshkian han ofrecido alguna retórica conciliatoria, otros líderes han endurecido su postura, presentando a los manifestantes como “saboteadores” o “terroristas” y, en algunos casos, imponiendo cargos que podrían acarrear pena de muerte por participar en las protestas.
Las repercusiones de este levantamiento trascienden las fronteras del país.
La geopolítica regional, especialmente las relaciones con Estados Unidos, Israel y potencias europeas, se ha tensado considerablemente.
Teherán ha lanzado advertencias contra posibles intervenciones externas tras amenazas de una respuesta militar por parte de Washington, mientras gobiernos extranjeros han expresado su apoyo a los manifestantes y condenas a la represión estatal.
Esto ha planteado el riesgo real de una escalada con implicaciones para la seguridad energética global y la estabilidad de Oriente Medio, dada la posición estratégica de Irán en la región y su influencia en conflictos ya existentes. (Al Jazeera)
Aunque todavía es temprano para predecir el desenlace de este movimiento, analistas señalan que estas protestas reflejan una crisis de legitimidad del régimen que podría tener efectos duraderos sobre la estructura política del país.
La continuidad de las movilizaciones, pese al cerco informativo y la represión, sugiere que la población sigue exigiendo cambios sustanciales, no solo en las políticas económicas, sino también en la forma de gobierno.
Un cambio de esta magnitud, de materializarse, no solo transformaría a Irán internamente sino que reconfiguraría las dinámicas de poder en todo el Medio Oriente y en las relaciones exteriores de las principales potencias mundiales.
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