Cuando hablamos de Venezuela, solemos pensar en un conflicto político lejano, casi ajeno a nuestra vida cotidiana. Sin embargo, los acontecimientos recientes nos recuerdan que, en un mundo profundamente interconectado, lo que ocurre en un país termina resonando mucho más allá de sus fronteras. La economía global no entiende de distancias geográficas: entiende de confianza, estabilidad y reglas claras.
La presión del régimen de Nicolás Maduro y la intervención directa de Estados Unidos han abierto un debate que va más allá de la política internacional.
Estamos frente a un punto de quiebre donde la soberanía se ve trastocada y el poder se redefine desde fuera. Más allá de las posturas ideológicas, el impacto económico de estos hechos es innegable.
Estados Unidos ha aplicado sanciones, presiones diplomáticas e incluso intervenciones militares en otros momentos de la historia. Pero nunca habíamos presenciado un escenario como este: el desplazamiento de facto de un presidente en funciones mediante una operación directa de inteligencia extranjera, sin una guerra declarada. Este hecho redefine los límites del poder en el siglo XXI y plantea preguntas incómodas sobre la estabilidad económica en contextos de imposición externa.
El caso venezolano no puede analizarse sin mirar su economía. Durante décadas, el petróleo fue el pilar de su desarrollo. Hoy, esa base está profundamente debilitada. De producir más de tres millones de barriles diarios a finales del siglo pasado, Venezuela pasó a menos de 800 mil en 2024, de acuerdo con la OPEP. Esta caída no solo redujo ingresos fiscales; erosionó inversión, empleo y bienestar social.
Las consecuencias se sienten en toda la región. Millones de venezolanos han migrado en busca de oportunidades, presionando economías vecinas y sistemas públicos. Al mismo tiempo, la incertidumbre eleva el riesgo país, encarece el financiamiento y frena proyectos productivos de largo plazo. En un entorno donde —según el Fondo Monetario Internacional— más del 60 % del crecimiento mundial depende de cadenas de valor globales, la inestabilidad institucional se convierte en un problema compartido.
Incluso para Estados Unidos, los costos existen. Organismos como el Banco Mundial han documentado que las sanciones prolongadas suelen dañar más a la población civil y al sector productivo que generar transiciones políticas sostenibles. La economía se debilita, las instituciones se desgastan y la reconstrucción se vuelve más lenta y costosa.
Lo que hoy vemos en Venezuela es una lección para América Latina: sin instituciones sólidas, sin Estado de derecho y sin legitimidad interna, no hay desarrollo económico posible. La imposición del poder no genera prosperidad duradera. La confianza sí.
En un mundo cada vez más interdependiente, repetir viejos esquemas de intervención implica riesgos mayores. La verdadera salida no está en desplazar liderazgos desde fuera, sino en reconstruir economías e instituciones desde dentro, con acompañamiento internacional responsable y visión de largo plazo.
Porque, al final, la estabilidad política no es solo un tema de gobiernos: es una condición indispensable para que las personas puedan trabajar, invertir y vivir con certidumbre.
Cuando las mujeres lideran, ganamos todos.
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