En un golpe sin precedentes contra la corrupción, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha detenido al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, funcionario naval de mayor rango implicado hasta ahora en la trama de huachicol fiscal, junto con su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna.
Ambos son sobrinos políticos del almirante José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Trayectoria y ascenso meteórico
Farías Laguna ingresó a la Heroica Escuela Naval Militar en 1992 y obtuvo cargos operativos y estratégicos en la Armada de México, desde comandar patrullas interceptoras hasta fungir como subjefe de Servicios Generales en el Centro de Estudios Superiores Navales, así como secretario particular de altos mandos navales. En un lapso excepcionalmente breve, ascendió de contralmirante a vicealmirante, el segundo rango más alto de la Secretaría de Marina.
En enero de 2025, fue nombrado comandante de la Décima Segunda Zona Naval en Puerto Vallarta, cargo que ocupó hasta poco antes de su detención.
La red del huachicol fiscal y su desmantelamiento
La investigación comenzó tras la denuncia interna presentada por Ojeda Durán en 2023. Sin embargo, la acción se desencadenó en marzo de 2025 con el descubrimiento del buque Challenge Procyan cargado con más de 10 millones de litros de diésel provenientes de Texas y declarados falsamente como aditivos en el puerto de Tampico.
Derivado de este incidente, se realizaron operativos coordinados por la FGR, Marina, Ejército, Guardia Nacional y SSPC, que además de la megaincautación en Tamaulipas, incluyeron descubrimientos de 8 millones de litros de gasolina en Ensenada, Baja California.
En total, la red criminal ocasionó un fraude fiscal estimado en al menos 97 millones de pesos solo en estas dos operaciones, aunque se calcula que las afectaciones anuales ascienden a 177 mil millones de pesos.
Detenciones y alcance institucional
El 2 de septiembre de 2025, Manuel Roberto Farías Laguna fue arrestado alrededor de las 09:45 horas en un operativo en el que también fueron capturadas otras siete personas (cinco hombres y dos mujeres).
Posteriormente, el 7 de septiembre, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció que en total habían sido detenidas 14 personas, incluyendo a tres empresarios, cinco marinos en activo, uno en retiro y cinco exfuncionarios de aduanas, poniendo al descubierto una red que combinaba intereses privados y funcionarios corruptos.
La Marina subrayó que estas conductas son aisladas y destacaron su política de cero tolerancia a la corrupción, afirmando que la ley se aplica por igual a todos sus integrantes.
Vínculos con asesinatos e influencia criminal
Una pieza clave en el caso es el asesinato del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar en noviembre de 2024, quien había denunciado a los hermanos Farías Laguna ante el almirante Ojeda Durán. La Fiscalía considera que su muerte fue una represalia por dichas denuncias.
Además, hay indicios de que la red criminal operaba en connivencia con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y su enlace regional en Tamaulipas, alias “Primito”, quien está sancionado por el gobierno de EE.UU.
Defensas e implicaciones
Ante el escándalo, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la integridad del almirante Ojeda Durán, destacando que fue él quien reportó las irregularidades desde 2023, y que las detenciones fueron posibles hasta contar con pruebas contundentes, como la evidencia del Challenge Procyan.
La FGR, SSPC y la Zona Naval mantienen que este caso no empaña el prestigio institucional de la Marina, sino que subraya que incluso sus más altos mandos están sujetos al estado de derecho.
Balance y perspectivas
La detención del vicealmirante Farías Laguna representa un punto de inflexión en la lucha contra el huachicol fiscal y la corrupción interna. Además de constituir el arresto de mayor impacto durante el gobierno de Sheinbaum, el caso exhibe una red compleja de nepotismo, tráfico de influencias y colusión con organizaciones criminales.
Queda por ver cómo evolucionará la acusación contra Fernando Farías Laguna, quien permanece prófugo, y si la investigación ampliará sus implicaciones hacia empresarios y funcionarios adicionales. El crimen de Guerrero Alcántar y la emergencia del caso Challenge Procyan marcan una etapa crítica para las investigaciones y el fortalecimiento institucional.
También podría interesarte:
México-Estados Unidos reafirman compromiso en materia de seguridad
