Ante un litigio derivado de una solicitud de devolución de impuestos realizada en 2015, el gobierno de Puebla pagó 2 mil 600 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Sergio Salomón Céspedes Peregrina, gobernador del estado, reconoció que el pago afecta al estado porque esos recursos representan acciones gubernamentales en beneficio de la población.
En su conferencia matutina, el mandatario poblano anunció que gestionará presupuesto y partidas ante las instancias federales y el presidente de México Andrés Manuel López Obrador.
Céspedes Peregrina rechazó la posibilidad de contratar alguna línea de crédito y aseguró que esta situación no impactará las necesidades prioritarias de la población, como el salario de maestros, médicos y policías, así como tampoco programas estratégicos y el cumplimiento de las obligaciones y el gasto comprometido.
Al mismo tiempo, el gobernador del estado advirtió que el gobierno estatal iniciará las acciones pertinentes para proceder contra quien o quienes resulten responsables de estas omisiones.
“Nosotros vemos con tristeza cuando no hay una responsabilidad propia, si hay un conocimiento o no de la ley, hay acciones que generan dolo y eso es algo que nos lastima a todos los poblanos y poblanas”, dijo.
Por su parte, María Teresa Castro Corro, titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, explicó que en 2015, el entonces gobierno estatal contrató un despacho en asesoría fiscal, que le recomendó a las autoridades estatales solicitar la devolución de impuestos de 2009 y 2010 al Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que Puebla recibió 702 millones de pesos a finales de 2015 y principios de 2016.
En 2018, el SAT determina que la devolución fue incorrecta, dado que la solicitud fue sustentada en una disposición de 2008: “se hizo retroactiva una disposición cuando todavía el gobierno ni siquiera estaba adherido a las disposiciones fiscales y Puebla se adhiere hasta el 2011 y al no tener la legalidad lo toman como un acto de dolo”, dijo.
Refirió que, ante esta situación, las autoridades fiscales le determinaron a Puebla un crédito fiscal, el cual podía pagar o litigar, por lo que el gobierno estatal decidió buscar la vía legal, sin embargo, el monto aumentó de 2018 a la fecha de 700 a 2 mil 700 millones de pesos, erogándose mensualmente entre 20 y 30 millones de pesos por el litigio.
