Patricia Valencia Ávila, diputada del PAN y legisladores de la Comisión de Seguridad, señalaron la necesidad de que pronto la Fiscalía General del Estado (FGE) entregue un reporte de los hechos acerca de la muerte de un bebé hallado en el basurero del penal de San Miguel para detener el escándalo nacional y frenar las especulaciones de activistas.
Señaló que la situación en los Centros de Reinserción Social (Cereso) es complicada y no se está cumpliendo con el objetivo de corregir la conducta de una Persona Privada de la Libertad por cometer un ilícito y por el contrario se refuerzan “los ciclos de violencia, desigualdad y exclusión”.
Consideró que el Congreso podría de solicitar un informe a la Secretaría de Seguridad Pública, el estado que guardan los centros de reinserción social debido a que como en todo el país, hay sobrepoblación, pero seguramente también el control por parte de maleantes que compran a gran parte del personal de esos centros. Condenó el hallazgo sin vida de este bebé, de seis meses de nacido, en un contenedor al interior del penal y estimó que esto es el reflejo del “autogobierno” en las prisiones que provocan estos actos de violencia.
“Condeno enérgicamente tales actos y solicito de manera respetuosa a la Fiscalía General del Estado, por conducto de su titular, para que con base en sus facultades realice una exhaustiva, certera y rigurosa investigación a fin de que se logren castigar a todos los responsables de estos actos se llega el esclarecimiento total de los hechos”.
Valencia Ávila confió que las autoridades ministeriales cumplirán con su obligación de investigar este homicidio con estricto apego a derecho para esclarecer los hechos y aplicar todo el peso de la ley a los responsables de este crimen y no exista impunidad
