En la conferencia matutina de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum volvió a abordar el tema del desabasto de medicinas en el país y señaló directamente a varios laboratorios por incumplimiento, al tiempo que dejó abierta la acusación de que quizá el gobierno y sus mecanismos de adquisición no ha cumplido.
El episodio reaviva una pregunta incómoda: ¿quién es el verdadero responsable del desabasto?
Antecedentes: una crisis crónica de salud pública
El desabasto de medicamentos no es un problema nuevo en México. Durante años, pacientes con enfermedades crónicas, tratamientos oncológicos o condiciones que requieren terapias continuas han denunciado la imposibilidad de surtir sus recetas en hospitales públicos y clínicas del IMSS, ISSSTE o de los servicios estatales.
Estas carencias se han atribuido a una combinación de factores estructurales: cambios institucionales en las políticas de compras consolidadas, centralización de adquisiciones, falta de planeación logística, atrasos financieros y deudas al sector farmacéutico.
Una investigación titulada Operación Desabasto documenta cómo desde la reforma de 2018 las funciones de compra de medicamentos se concentraron en la Secretaría de Hacienda (SHCP), generando cuellos de botella al asumir personal sin la experiencia adecuada para la operación del sistema de suministro.
Impunidad cero
Durante el sexenio previo (2024 y anteriores), también se acusó al gobierno de vetar a grandes distribuidoras farmacéuticas, lo que redujo la competencia y complejizó la ruta de abastecimiento.
En ese contexto, la administración de Sheinbaum impulsó una “megacompra consolidada” para garantizar los medicamentos en los años 2025-2026.
No obstante, incluso con ese plan, persistieron denuncias de faltantes en hospitales y clínicas, especialmente de medicamentos comunes como para hipertensión, diabetes o insumos oncológicos.
El año pasado, el gobierno reportó que había alcanzado un abasto del 96 % de las medicinas necesarias para el sistema público de salud, con una inversión de 284 mil millones de pesos, pero reconoció que los faltantes se debían “principalmente al incumplimiento de proveedores”.
Lo que dijo hoy Sheinbaum: la tensión entre culpables
En su conferencia matutina del día de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que ciertos laboratorios no han cumplido con los plazos de entrega pactados. Citó empresas exhibidas como Zurich Pharma, Pisa, Zeux Lifesciences y Novag Infancia como ejemplos de firmas que deberían ser sancionadas si no entregan lo que ofrecieron.
Sheinbaum advirtió que las compañías tienen “hasta septiembre” para cumplir, y que si no lo hacen, podrían ser inhabilitadas para venderle al gobierno.
En el mismo acto, el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, reconoció que los niveles de abasto se encuentran “cercanos al 100 %”, pero subrayó que los faltantes remanentes son “atribuidos a incumplimiento de proveedores”.
La mandataria también dejó la puerta abierta a otra versión del problema: que las farmacéuticas estén actuando de forma deliberada o estratégica frente a atrasos del Estado para forzar condiciones favorables. Dijo que si se comprueba que el desabasto fue provocado “de manera malintencionada”, presentará denuncias formales contra los responsables.
Con esta postura, el gobierno despliega un discurso doble: por un lado exigir cumplimiento y sanciones a los laboratorios; por otro, insinuar que quizás hay omisiones del Estado que alientan este escenario.
¿Quién tiene más responsabilidad? Un análisis crítico
La interrogante que encabeza este reportaje —¿farmacéuticas irresponsables o gobierno que no pagó?— no admite respuestas simples. Aquí algunos elementos clave para ponderar:
Argumentos que apuntan hacia laboratorios
Incumplimientos documentados
El gobierno ha presentado cifras concretas de fallas de entrega (por ejemplo, 56 000 piezas pendientes de Zurich Pharma) particularmente en claves oncológicas, que afectan directamente a pacientes vulnerables. Y exhibir públicamente a las empresas refleja una estrategia de presión y de visibilización de sus faltas.
Posible conducta deliberada
Si algunas farmacéuticas estiman que el Estado tendrá retrasos para pagar, podrían asignar sus escasos recursos a clientes privados con pago más inmediato, o postergar entregas estatales. Esa estrategia (aunque riesgosa para su reputación) podría existir en situaciones donde la cadena de pagos sea débil.
Riesgo moral en la cadena de suministro
Cuando un sistema público se vuelve un “cliente difícil” —por trámites, supervisión o penalizaciones—, algunos proveedores podrían considerar que los costos del incumplimiento (multas, inhabilitaciones) resultan tolerables frente al negocio global que pueden hacer, especialmente en fármacos altamente demandados.
Argumentos que señalan fallas del Estado
Deudas acumuladas y retrasos en pagos
El sector farmacéutico ha denunciado adeudos al gobierno por ventas anteriores, especialmente en los años entre 2021 y 2023, estimados en alrededor de 2 mil millones de pesos.
En ese contexto, para algunas empresas podría resultar más riesgoso embarcar grandes entregas sin garantía de cobro oportuno.
Cancelación y errores de licitaciones
En 2025 se anuló una licitación consolidada nacional por errores y supuestos sobrecostos en 165 claves lo cual impactó el compromiso de adquirir 4 934 millones de unidades de medicamentos para 26 instituciones.
Esa cancelación generó un vacío de abasto inmediato y críticas por decisiones políticas antes que técnicas.
La falta de continuidad o previsión ante esos fallos deja a hospitales sin suministros durante los procesos de relicitación.
Problemas logísticos e institucionales
El modelo de compras centralizadas y de suministros nacionales exige una capacidad logística fuerte. Si la distribución falla (almacenamientos, rutas, transporte, control aduanal, frío, etc.), incluso los medicamentos adquiridos pueden no llegar a tiempo.
Además, la planeación presupuestaria y la previsión de recursos se han visto tensionadas en un gobierno que proclama disciplina fiscal y recortes.
Falta de transparencia y supervisión efectiva
Aunque el gobierno ha prometido plataformas digitales para monitorear en tiempo real las compras médicas, los críticos acusan que la información divulgada muchas veces carece de detalle o actualización suficiente para evaluar cumplimiento instantáneo.
Si los mecanismos de sanción e incentivos no están bien operados, la amenaza de inhabilitar proveedores podría tener efecto limitado.
Un problema multifactorial
La situación del desabasto de medicamentos en México no parece deberse exclusivamente a la irresponsabilidad de unas cuantas farmacéuticas, ni a un solo gobierno que no paga. En realidad, conviven fallas estructurales que permiten que ambos factores se retroalimenten.
El discurso de Sheinbaum hoy refuerza la narrativa de que el Estado no tolerará incumplimientos y busca responsabilizar a proveedores públicos. Pero la estrategia enfrenta riesgos: si las sanciones no se concretan o si las empresas justifiquen demoras legítimas por falta de pago estatal, ajustes logísticos o cambios regulatorios la acusación puede terminar siendo un castigo político selectivo más que una resolución sistemática.
Para los mexicanos que dependen del sistema público de salud, lo esencial es que los medicamentos lleguen: sin importar si la culpa recae en laboratorios o gobierno. Mientras se desahogan los señalamientos, pacientes avanzan con terapias interrumpidas, denuncias acumuladas y un derecho a la salud vulnerado.
