Las amenazas del presidente Trump contra México para imponerle aranceles iniciales de 5% a exportaciones, encaminadas a que éste cambie su política migratoria y se convierta en tercer país seguro, concluyeron en un acuerdo mediante el cual nuestro país incrementará esfuerzos para cumplir la ley y desplegará a la guardia nacional en la frontera con Guatemala.

El acuerdo incluye que los migrantes que soliciten asilo a Estados Unidos serán retornados a México sin demora, en donde esperarán el proceso de las solicitudes. Así, mientras los migrantes permanezcan en territorio mexicano habrán de ofrecerse oportunidades laborales, acceso a la salud, educación a éstos y sus familias.

Las amenazas no han desaparecido. Se dio a conocer que si las medidas anteriores no tienen los resultados esperados serán tomadas acciones adicionales. Además, en 90 días se podrán continuar conversaciones sobre otros posibles entendimientos.

Además de estos hechos, se han ido sumando circunstancias que agravan las precarias condiciones del desempeño económico nacional.

Otro impacto provino de las calificadoras internacionales, las que prácticamente dejaron en situación de “chatarra” la deuda nacional y la deuda de Pemex, lo que significa, en términos precisos, que la credibilidad nacional en materia crediticia y de su fundamental empresa productiva para pagar endeudamiento ha descendido notablemente. Pero ¿es realmente importante la calificación que efectúan esas organizaciones?

Veamos. Las calificadoras lo que hacen es examinar las características económicas y financieras del gobierno de un país (en México, de los gobiernos federal, estatal y municipal) y de sus empresas, con énfasis en sus flujos de ingresos y, en esta medida, en su capacidad para pagar sus deudas, así como que cuenten con las condiciones para recibir inversiones y pagar un rendimiento. Pues bien, representan para los inversionistas ahorros porque disminuyen los costos que éstos deberían pagar en forma individual para tener una opinión acerca de un mercado, un negocio o una perspectiva de inversión.

En este sentido, una baja en la calificación, en nuestro caso de la deuda mexicana y la de Pemex, quiere decir que la debilidad de los flujos de ingresos aumentó la incapacidad del país y de Pemex para pagar sus deudas, disminuyendo su potencial para recibir inversiones y que para ser atractivos deberán pagar un rendimiento adicional. Estos elementos hacen que el país sea visto como más caro y riesgoso para las inversiones.

Estas circunstancias críticas habrán de traducirse, entre otros efectos, en cambios en el escenario económico del país, lo que complica la llegada de inversiones, aumenta el costo de la deuda y presiona a la baja el crecimiento.

Por supuesto que las calificaciones no gustaron al presidente López Obrador ni a funcionarios de la Secretaría de Hacienda, quienes se enfocaron, a su vez, a descalificar la calificación tachándola de metodología vieja y neoliberal que “no toma en cuenta la corrupción” y de “desafortunada” en el caso de Hacienda.

Mientras tanto, el INEGI da a conocer que el Indicador de la Inversión Fija Bruta (IFB), que proporciona información sobre el comportamiento mensual de la inversión fija (integrada por los bienes utilizados en el proceso productivo durante más de un año y que están sujetos a derechos de propiedad) y que muestra cómo una gran parte del valor agregado bruto en la economía se invierte en lugar de ser consumida, registró una disminución en términos reales de -3% durante marzo de este año frente al mes inmediato anterior, con cifras desestacionalizadas. En su comparación anual, la IFB se redujo -5.9% en términos reales respecto a marzo de 2018.

El anterior descenso se acumula de manera peligrosa, pues durante el primer trimestre del año (enero-marzo) la inversión fija bruta descendió -0.9% respecto al mismo periodo de 2018. En este mismo lapso, la construcción aumentó apenas 0.3 y la maquinaria y equipo disminuyó -2.7.

El equipo del presidente López Obrador no da una. Un juez le suspende las obras de construcción del aeropuerto de Santa Lucía indefinidamente, se presentan otras renuncias y el equipo negociador de López Obrador, en lugar de dialogar en torno a los aranceles, discute el tema migratorio señalando con ello la capitulación del país. Por si fuera poco, se convoca a una marcha por la “dignidad nacional”, en un doble juego político: por un lado, tratando de ganar tiempo para que los aranceles no entren y se puedan operar acciones firmes y contundentes que agraden al gobierno de los Estados Unidos y, por otro lado, haciendo uso de la campaña política desde el gobierno para cubrirse el presidente López Obrador de la gloria de un “héroe histórico nacional” que combate al vecino del norte.

Debilidad hacia fuera, amistad y amor, diferencia entre pueblo estadounidense y gobierno de Trump; y popularidad ideologizada hacia dentro, manejo del sentimiento nacionalista, apelo a la unidad abstracta e inasible entre la “cuarta transformación” y los “fifís” y “neoliberales conservadores”.