México es un país de pobres. El CONEVAL en su reciente entrega que cubre un lapso de 10 años, señala que el número de personas en situación de pobreza pasó de 49.5 a 52.4 millones de personas entre 2008-2018, un aumento de 5.85% entre esos años.

Según datos del INEGI en 2008 había 111.3 millones de habitantes en el país; a finales de 2018, según estimaciones del CONAPO, la población llegó a 124.7 millones, un aumento de 12% en 10 años.

Debido al crecimiento poblacional del país, que aumentó poco más del doble respecto al comportamiento de la pobreza, en términos porcentuales la población en situación de pobreza pasó de 44.4% a 41.9% entre 2008-2018, lo que representa una disminución media anual de 0.24 puntos porcentuales.

El crecimiento absoluto del número de pobres es preocupante. Significa, entre otras cosas, que las políticas públicas orientadas a combatir este fenómeno estructural apenas han logrado evitar que la pobreza se amplíe. El resultado más alentador a este respecto es que el número de personas en situación de pobreza extrema pasó de 12.3 a 9.3 millones de personas entre 2008 y 2018.

Un dato adicional asaz revelador es el comportamiento del coeficiente de Gini, el cual se utiliza para medir el grado de desigualdad en un país, sobre todo en ingresos. Pues bien, de acuerdo con estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH publicadas por el INEGI, en 2014 este indicador fue de 0.503 y para 2018 su valor de 0.469, una disminución de -6.75%, lo que quiere decir que en los últimos cuatro años la desigualdad logró atemperarse, constituyendo así todo un reto para la actual administración federal y para los programas de bienestar que están en curso.

Habrá que entender cabalmente el sentido de estas cifras. Según el CONEVAL, los pobres multidimensionales —según la metodología empleada por el organismo, la medición de la pobreza se basa en el ingreso y seis dimensiones en el enfoque de los derechos sociales— son quienes presentan al menos una carencia social y cuyos ingresos son inferiores a la Línea de Bienestar Económico (LBE), la cual especifica el ingreso necesario para adquirir las canastas alimentaria y no alimentaria de bienes y servicios.

En este contexto, la pobreza extrema hace referencia a aquellas personas cuyo ingreso total es insuficiente incluso para comprar la canasta que permite satisfacer sus necesidades alimentarias y que, además, tienen tres o más carencias sociales. Se trata de las personas más pobres entre las pobres.

La condición de carencia social implica para una persona que ésta puede presentarse como resultado de una o más de las seis privaciones consideradas: rezago educativo, falta de acceso a los servicios de salud, falta de acceso a la seguridad social, vivienda de calidad inadecuada o de espacios insuficientes, indisponibilidad de algún servicio básico en la vivienda y falta de acceso a la alimentación.

Los anteriores elementos de privación, unidos a la situación económica de las personas y a la cohesión social, conforman los ámbitos fundamentales que deberían ser el objeto de una política social que ataque este fenómeno.

Además, no sólo basta atender mediante programas innovadores los ámbitos señalados sino orientarlos a las regiones que más lo necesitan, pues la pobreza se expresa de manera desigual en el país y las inequidades presentan severas disparidades. Como señala el CONEVAL en su documento, nuestro desafío como país es atender de manera prioritaria a las zonas en las que se existe el mayor rezago y éstas pertenecen al sureste, donde se encuentran las entidades federativas con mayor porcentaje de población en situación de pobreza en la década 2008-2018: Chiapas (77.0% a 76.4%), Guerrero (68.4% a 66.5%), Oaxaca (61.8% a 66.4%) y Veracruz (51.2% a 61.8%).