La influencia de todo Estado no se limita al ámbito político y social. La base de la intervención estatal se encuentra en la economía, particularmente a través de la recaudación de los impuestos y el gasto público.

Los procesos de captación fiscal convierten a los ciudadanos en contribuyentes, quienes estamos obligados a contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa. El gasto gubernamental El gasto gubernamental hace de los contribuyentes beneficiarios de éste y sujetos de objetivos de diversa índole.

Cualquier política pública (trátese por ejemplo de seguridad, salud, educación, desarrollo urbano, desarrollo rural o política exterior) tiene como sustento un programa gubernamental que se financia con el gasto público, y éste, a su vez, depende de la capacidad recaudatoria del Estado. Cuando la capacidad recaudatoria es débil poco pueden crecer los programa de gasto; cuando la captación fiscal es más amplia y extensiva los cambios de las acciones gubernamentales tienen más posibilidad de cumplir sus objetivos.

Desde este punto de vista, los cambios propuestos por el gobierno de la 4T tienen una base contributiva históricamente débil, con una estructura federalista concentradora y un impacto restrictivo para los gobiernos locales, los cuales han venido perdiendo autonomía, capacidad de gestión e influencia para guiar su desarrollo.

En cambio, los objetivos de política pública del gobierno federal representan transformaciones que, en comparación con el potencial disminuido de los procesos de recaudación, se han quedado sin sustento contributivo, lo cual implica límites en su financiamiento, problemas de implementación, desajustes y, sobre todo, incapacidad para responder de manera contundente a las demandas sociales que se han presentado en diversos mecanismos como es el caso del nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).

Esta situación se complica aún más si se toma en cuenta las declaraciones de la nueva titular del SAT, Raquel Buenrostro, quien destacó durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados que no habría ninguna reforma fiscal, al menos en el corto plazo, lo que implicaría que México seguiría estando en el último lugar de los países miembros de la OCDE en materia de recaudación tributaria, como proporción del PIB, al pasar de 16.2% en 2017 a 16.1% en 2018, resultado de la disminución del ritmo de la tributación y el menor desempeño económico.

Los datos anteriores resultan más preocupantes si se comparan con el promedio de la recaudación tributaria de los países de la OCDE, el cual es equivalente a 34.2% del PIB. Arriba de México se encuentra Chile con un ingreso tributario promedio de 21.1% del PIB; Irlanda, con 22.3% y Estados Unidos con una recaudación media de 24.3%.

Y aunque el SAT, según las declaraciones de Raquel Buenrostro, habrá de trabajar en una mayor eficiencia, en la ampliación de la base de contribuyentes, en la disminución de la evasión y elusión de impuestos y en la lucha en contra de la corrupción, estas medidas, aunque positivas, quizás no basten para aumentar de manera sostenida y amplia la recaudación y permitir el financiamiento sano de un gasto público orientado bajo nuevos criterios y distintas prioridades.