El 9 de diciembre es el día internacional contra la corrupción, declarado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC), Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Considerado en el país como uno de los principales problemas (después de la inseguridad y la delincuencia) y convertido en el eje primordial de la acción del gobierno del presidente López, la corrupción se ha instalado en los sectores privado y social. Erradicarla en el sector público es un objetivo por demás encomiable. Empero, existe un divorcio entre el discurso del poder y el propósito de terminar con este problema y la realidad como la experimentan los ciudadanos.
La corrupción es un abuso que se comete basado en la posición organizacional y orientado a la obtención ilegítima de beneficios; se trata de un fenómeno multidimensional cuya característica es su secrecía, la cual involucra a varias personas y orígenes diversos cuyo impacto social, político, económico y moral requiere de profundas y permanentes políticas y estrategias de prevención, combate y sanción, por lo que es necesario identificar y conocer sus patrones, tendencias y características.
Ante la raíz organizacional y personal de este fenómeno, su amplitud y reproducción anónima y vigente, declarar que se ha terminado con éste barriéndolo “de arriba hacia abajo” es una aseveración cuestionable que está en contradicción con los datos que el INEGI ha dado a conocer.
En efecto, para el 56.7% de población de 18 años y más la corrupción es uno de los problemas más importantes y según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) la proporción de población que piensa que la corrupción es un acto frecuente en su entidad federativa pasó de 83% en 2011 a 91.1% en 2017, un aumento de 9.7%. Además, 15 personas de 18 años y más que tuvieron contacto con algún servidor público sufrieron algún acto de corrupción.
Un aspecto importante en el combate a la corrupción es la denuncia, pero en 2017 el 82.6% de la población a nivel nacional que sufrió algún acto de corrupción no denunció el delito, principalmente por su desconfianza en las autoridades. Además, tres de cada 10 víctimas de corrupción no denunciaron porque obtuvieron algún beneficio o porque consideraron que la corrupción es una práctica común.
Ante la envergadura del problema, se requiere un más efectivo desempeño institucional y el fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, así como el de los sistemas estatales en las 32 entidades federativas, cuyas acciones vayan más allá de la capacitación, la formalización de códigos de ética y los mecanismos de denuncia ciudadana, a fin de actuar en el plano organizacional, en procesos, procedimientos y enclaves de gestión directa con los ciudadanos, en la vigilancia de las declaraciones de situación patrimonial, las compras públicas y la ejecución de programas sociales, así como en áreas específicas como seguridad pública, ministerios públicos, trámites relacionados con la propiedad, en juzgados y tribunales de justicia.
Actualmente, los actores que cometen actos de corrupción se arriesgan porque sigue siendo baja la probabilidad de que resulten descubiertos, denunciados y castigados legalmente. Por ello, una de las claves está en vincular estratégicamente las acciones de vigilancia, investigación, denuncia y sanción, a fin de cerrar todo un ciclo de efectividad preventiva y correctiva y así aumentar para quienes cometan actos de corrupción las posibilidades de que sean descubiertos y sancionados.
