viernes, marzo 29, 2024
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Impacto de los programas sociales. Hacer transparente el financiamiento de programas

El año pasado fue sustituido un programa denominado Prospera por un sistema de transferencias educativas no condicionadas, sin los componentes de salud y alimentación, el cual resultó, de acuerdo con una investigación del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), inconsistente con el objetivo de disminuir las desigualdades sociales.

Con Prospera fueron eliminados otros programas como el de Estancias Infantiles y el de Coinversión Social, y en su lugar comenzaron a operar transferencias no condicionadas o con requisitos mínimos, las que no necesariamente tienen que ver con el propósito de resolver las carencias de grupos vulnerables.

Así, como lo señaló el propio estudio de IMCO, las modificaciones emprendidas por el actual gobierno federal en 10 de los programas sociales analizados por el Instituto no generan certeza en cuanto al fin de disminuir la desigualdad, al carecer de reglas claras y de mecanismos de focalización. Por ello, las transferencias monetarias no resuelven las necesidades de los grupos vulnerados.

Prospera cedió su lugar a un sistema de pagos como becas y perdió de este modo los criterios que garantizaban los impactos positivos en sus beneficiarios en alimentación y salud. Otros programas cambiaron su diseño (Estancias Infantiles y Refugios) no obstante sus buenos resultados en evaluaciones.

Pero no sólo se han modificado los programas sociales, sino que no hay certeza en cuanto a que su propósito logre impactar a las familias que en verdad lo necesiten, lo que hace que el potencial beneficio se diluya y se pierda al ser incorporado al gasto de personas que se desenvuelven en la economía informal.

Además, la Cámara de Diputados ha aprobado que los programas sociales se eleven a rango constitucional, aunque faltará la aprobación de las Cámara de Senadores y de la mayoría de los congresos de los estados. Con ello, el nuevo “Estado de bienestar” del presidente Andrés Manuel López Obrador cobraría vigencia, a través de la reforma al artículo 4 de nuestra Constitución que daría vigencia al derecho a la protección de la salud, a un apoyo económico para las personas que tengan discapacidad permanente, las personas mayores de sesenta y ocho para que reciban una pensión no contributiva, así como un sistema de becas para los estudiantes de todos los niveles escolares, con prioridad en familias en condiciones de pobreza.

El artículo tercero transitorio aprobado prevé que el monto de los recursos que correspondan a estos programas no podría ser disminuido, en términos reales, respecto del presupuesto del año anterior, lo que quiere decir que estos programas tendrían que actualizarse al menos conforme a la inflación para que no se disminuyan en términos reales.

Aunque no dejan de tener un componente social, estos programas que ya se han aprobado por la Cámara de Diputados para elevarse a rango constitucional, tienen una implicación electoral evidente. Pero más allá de este impacto político y hasta populista, la preocupación está en la sangría que significaría para el erario federal, que de por sí se encuentra absolutamente mermado y cuyas posibilidades resultan más difíciles.

Según la teoría de las finanzas públicas, los impuestos permiten financiar de manera general las funciones principales del Estado, como la seguridad y la administración e impartición de justicia. Al conferir la Constitución en la reforma al artículo 4 una presión adicional en las materias sociales arriba enumeradas, los impuestos deberían diluirse aún más para orientarse a las nuevas “prioridades sociales” del Estado de bienestar del presidente López.

Los legisladores deberían tener cuidado y si está en el ánimo político y social del país, de los ciudadanos y de las entidades federativas respaldar esta iniciativa, bien deberían de cuidar el señalar también su congruencia económica, para establecer de dónde saldrán los recursos para financiar las presiones presupuestarias que implican tales reformas de un “Estado de bienestar”, es decir, hacer transparente la relación ingreso y gasto de estos compromisos presupuestales en el tiempo, sobre todo en programas que aún no prueban su eficiencia ni eficacia como portadores de bienestar y alivio profundo a la adversidad social para mejorar las desigualdades.

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