Las aspiraciones y las estrategias para hacerlas realidad forman parte del ejercicio de gobierno que son expresadas a través de la planeación, la cual constituye una reflexión del futuro, una toma de decisiones y la configuración de todo un ámbito de problemas y soluciones.

Pero en el ejercicio de planeación entregado por el gobierno del presidente López a la Cámara de Diputados, el futuro previsto y su sentido de valor como acción pública no sólo no coinciden sino que responden a ámbitos distintos.

En efecto, la planeación comporta una mirada escudriñadora del futuro a partir de lo que ha sido y de las circunstancias que prevalecen. Planificar se convierte en un decidir con base en un cúmulo de alternativas para cada situación que dan lugar a una toma de posición respecto a éstas. Una vez decidido, se pasa de la incertidumbre al riesgo.

Por eso la planeación tiene sentido al permitir la descomposición de la complejidad de la realidad, dentro de la propia realidad, para llevarla a la forma de problemas por solucionar, sobre los cuales habrán de tomarse decisiones ulteriores en distintos niveles de planeación.

Una lectura atenta del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 ofrece un panorama respecto al futuro del país que pretende el gobierno de Andrés Manuel López. Primero, a partir de cuestionable valoración crítica de lo que ha sido el modelo neoliberal en México, se ofrece como alternativa de contenido de la “cuarta transformación” la propuesta denominada “posneoliberal”, para “convertirla en un modelo viable de desarrollo económico, ordenamiento político y convivencia entre los sectores sociales. Debemos demostrar que sin autoritarismo es posible imprimir un rumbo nacional”.

Segundo, con base en esta primera toma de posición sobre una ruta diferente al neoliberalismo, la planeación debería tomar un sentido distinto, pues ahora lo que se buscaría sería descomponer la realidad “neoliberal”, dentro de la realidad neoliberal para trascenderla, a partir de problemas que requieren atención y solución y su conformación en un complejo de programas y proyectos. Sin embargo, la única vía que se ofrece es construir un “nuevo pacto social” que permita definir “objetivos nacionales distintos que los instaurados por el neoliberalismo, una nueva ruta para alcanzarlos y un nuevo conjunto de reglas explícitas e implícitas de convivencia”.

Esta vía de construir un nuevo pacto social no se desarrolla en el texto del plan, no se dice nada de ésta ni en los objetivos ni en las estrategias, por lo que el sentido del plan no se ajusta a su toma de posición, reflejando un desbalance estructural entre las premisas de la decisión tomada y su ulterior despliegue de problemas y soluciones.

El texto de plan, bajo esta concepción, se convierte en una herramienta paradojal pues se observa al modelo “posneoliberal”, en su intento de configurar su paradigmática expresión, sin que sea sostenido ni desarrollado con los tres ejes que menciona (justicia y estado de derecho, bienestar, desarrollo económico), ni con los tres ejes transversales que cita (igualdad de género, combate a la corrupción y territorio y desarrollo sostenible).

De la lectura y entendimiento de los objetivos y las estrategias que arropan a cada uno de los tres ejes centrales y los tres ejes transversales no se desprende ningún “paradigma posneoliberal”, sino sólo un cuerpo de objetivos y acciones que dejan al descubierto esta inmanente contradicción del plan: la incongruencia entre el dicho, la toma de posición, la “justificación” del decidir, respecto al hecho.

Este es el motivo central que hace que el plan, en nuestra opinión, conlleve un curso de ideas y una proliferación de sentencias que más que dar vida a un documento técnico y políticamente sustentado con una metodología rigurosa, se convierten en un manifiesto político con buenos deseos y frases ideologizadas que demeritan y en poco ayudan a interpretar la propuesta de planeación para los próximos años.