La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dispone en el artículo 17 Ter. que el “Poder Ejecutivo Federal contará en las entidades federativas con las Delegaciones de Programas para el Desarrollo que tendrán a su cargo la coordinación e implementación de planes, programas y acciones para el desarrollo integral, funciones de atención ciudadana, la supervisión de los servicios y los programas a cargo de las dependencias y entidades, así como la supervisión de los programas que ejercen algún beneficio directo a la población, de conformidad con los lineamientos que emitan la Secretaría de Bienestar y la Coordinación General de Programas para el Desarrollo.”

Basándose en este artículo el presidente López había establecido que serían los delegados de programas para el desarrollo, los llamados “superdelegados”, quienes serían los encargados de llevar a cabo acciones de coordinación en materia de seguridad pública, invitando a éstas a los titulares de los gobiernos de las entidades federativas.

Muchos gobiernos estatales asistieron a las convocatorias realizadas por los superdelegados para el inicio de tareas de coordinación de actividades de seguridad pública, pero otros no, lo que originó una situación de desencuentro y deterioro de las relaciones entre las autoridades federales y locales.

Además de este tema, varios gobernadores se habían quejado de que podrían quedar fuera del presupuesto de egresos para 2019, puesto que no se estaban considerando en éste las prioridades estatales sino sólo las federales. Por otro lado, estaba pendiente el asunto de la educación, en particular la creación de las 100 universidades públicas.

Pues bien, la primera reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) ya con el presidente López en funciones, se celebró en un ambiente de tensión que generó diversas expectativas por el papel que los superdelegados estaban realizando en materia de seguridad pública, así como por el presupuesto 2019 y la educación.

Por insólito que parezca, la CONAGO logró hacerse escuchar por parte de un presidente que ha venido trabajando rindiendo culto a su persona y a la investidura presidencial, mostrando su agresivo discurso disruptivo y dualista y su papel como nuevo portador y dador de vida a través del símbolo presidencial: el nuevo eje de la religión política.

El hecho que el presidente López haya decidido sustituir a los superdelegados en el papel de seguridad que venían desempeñando por personal que será nombrado directamente por la Secretaría de Seguridad Pública, con la participación de mandos tanto del ejército como de la marina, entre otras concesiones otorgadas a los gobernadores como en materia presupuestal y en el ámbito de la educación, es una muestra de que éste tuvo que hacer a un lado su activo rol protagónico y mesiánico y, por si fuera poco, escuchar, no sólo a quienes lideran los gobiernos de las entidades federativas sino a la voz institucional del modelo federal de gobierno que rige el país.

En este sentido, además de un revés para el poder federal que quedó acotado en varias materias, el evento fue un acierto de nuestra institución federalista, puesto que la CONAGO nació como elemento de discusión y generación de acuerdos con el gobierno federal, bajo el amparo de un sistema federal que permite de manera co-extensa la vigencia de un poder público mediante un pacto federal conformado con un gobierno federal y 32 entes locales, compuesto a su vez por autoridades municipales.

Este hecho deja ver la forma en que habrán de conducirse otras relaciones entre poderes, como en el caso del poder jurisdiccional, que ya mostró sus desacuerdos en cuanto a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó suspender la Ley de Remuneraciones —promovida por Morena y el presidente López—, que establece que ningún funcionario, incluyendo a los integrantes del Poder Judicial, podrá ganar más que el presidente.

En este último caso, a pesar de la suspensión de dicho ordenamiento, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, dijo que se harán los ajustes al presupuesto de 2019 para que ningún servidor público gane más que el presidente.

La tónica de los desencuentros irá subiendo de nivel. Serán tomadas en cada caso concreto decisiones acotadas, acordadas o coordinadas, lo que demandará del presidente López estar más atento y aprender a escuchar, negociar y trabajar los conflictos, dejar de lado la exageración del discurso y tomar en cuenta a las fuerzas vivas tanto públicas, como sociales y privadas, a partir de un desempeño más apegado a los principios de un político maduro y eficiente que a los dictados de un liderazgo apologético cargado de barato nacionalismo.

En una democracia no sólo cuentan los votos sino la participación de los actores, los ciudadanos y sus instituciones. Tendremos poco a poco la edificación de una nueva institucionalidad en la que el presidente López irá recortando y cediendo terreno ante el empuje de otros actores de la democracia mexicana.

Ricardo Caballero de la Rosa