jueves, marzo 28, 2024
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Centralización versus descentralización: tensiones del federalismo

Las actuales bases del federalismo de carácter hacendario que se vive hoy entre el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas y municipios se encuentran en las acciones que comenzaron a efectuarse hacia finales de 1978-1979, cuando inició la llamada coordinación fiscal, que daría lugar en 1980 a la vigencia plena de la Ley de Coordinación Fiscal y, con ella, a la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

El que ambos ordenamientos hayan iniciado su vigencia juntos se debe a que la Ley del IVA dependía, para evitar la doble o triple tributación interior, de los supuestos de la Ley de Coordinación Fiscal, ya que ésta establece los fórmulas institucionales para hacer que los estados y los municipios, hacia 1978 y 1979, dejaran en suspenso o derogaran sus impuestos y derechos estatales y municipales a las ventas. De este modo, al suspenderse o derogarse tales conceptos impositivos, el IVA podía cobrarse en todo el país, como sucede en efecto desde 1980, sin que existiese la sobreposición de impuestos.

A este sistema de federalismo, que en sus orígenes está en la coordinación fiscal integral, y no sólo en algunos impuestos federales como sucedía hasta 1979, se agregó la coordinación en materia de gasto público y deuda, vía el denominado “Programa para un nuevo federalismo 1995-2000”, publicado el 6 de enero de 1995 en el diario oficial de la federación, que entre otros aspectos inició la descentralización del gasto en varios rubros, entre los que están la educación y la salud.

El propósito de descentralizar esos recursos era el de “Establecer pautas y dispositivos para que, en el marco de las políticas sectoriales de descentralización, los estados ejerzan amplios márgenes de autonomía operativa, respecto de los recursos transferidos por parte de la Federación”.

La estrategia del gobierno de Ernesto Zedillo fue la descentralización, la que se entendía como “la transferencia de aquellas atribuciones y recursos, actualmente bajo la responsabilidad de las dependencias federales, susceptibles de ser ejercidas de manera más eficaz y eficiente por los gobiernos locales y que permitan una participación más directa de la población en la toma de decisiones de la gestión pública”.

El presidente López ha declarado (29 de marzo de 2019) su “ideal” para que se “federalice la educación y la salud porque en los dos casos hay muchas deficiencias, porque no existe con claridad la responsabilidad acerca del manejo de la educación y la salud”, lo cual representa un afán contrario a la tónica descentralizadora que desde el año 1995 comenzó en nuestro país, a fin de detener el predominio federal y avanzar en el impulso del vigor de estados y municipios. Más aún, “federalizar” es sinónimo de nueva subordinación, de desprecio hacia los ámbitos locales, de falta de visión y de una actitud política de corto plazo para poner en jaque, de nuevo, a gobernadores y presidentes municipales.

Existen múltiples problemas de control y monitoreo de los recursos federales que actualmente se transfieren, tanto en educación como en salud, así como en cuanto a su evaluación y gestión para resultados, eso sin duda, pero en lugar de trabajar en éstos y fortalecer nuestro federalismo hacendario (ganando todos los ámbitos de gobierno), siguiendo su principio de hacer todo al revés sin importar las consecuencias, puesto que fueron decisiones del neoliberalismo, el presidente López hoy busca deshacer estas transferencias y “federalizar” su operación.

Los fines que se persiguen son claros: tener los recursos financieros bajo su control, ejercerlos para fortalecer a los delegados federales y seguir minando el poder de decisión de los gobernadores, subordinar a las representaciones sindicales en todo el país para mantener una sola negociación centralizada, manejar plazas y aumentar su poder personal, en contra del de las autoridades locales, así como tener esquemas que permitan hacer política electoral en las elecciones intermedias de 2021.

Centralismo y federalismo son dos esquemas para la planeación, organización, ejecución y control, pero cuando se busca más centralismo y concentración desde el poder federal se abraza la idea de un gobierno federal con más capacidad de recursos presupuestales, con más instrumentos de ideologización política y con más poder de decisión. Esto equivale, en contrario, a seguir dependiendo de la federación y que los gobernadores tengan, en los hechos, mucho menos capacidad operativa, técnica, de gestión y de impulso al desarrollo. Más gobierno federal, más presidente en resumen.

Así las tensiones que se abren al federalismo y que ojalá, por lo menos, pasen por los mecanismos democráticos de un debate nacional respecto a la conveniencia o no de mantener estas transferencias.

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