La titular del SAT, Raquel Buenrostro, consideró recientemente que aún hay un margen de maniobra para aumentar la recaudación, sin que exista una reforma fiscal de por medio. Ya el presidente Andrés Manuel López había señalado, incluso desde la campaña y al principio de su gobierno, que al menos en los tres primeros años no habría ni aumento ni nuevos impuestos.

Como se sabe, nuestro país tiene una larga historia de recaudación baja como proporción del PIB, en comparación con otros países de similar desarrollo, entre los países de la OCDE e incluso dentro de América Latina.

Así, la captación fiscal actual del país disminuyó al pasar de 16.2% en 2017 a 16.1% en 2018, como proporción al PIB, como consecuencia del menor ritmo de recaudación y el errático desempeño económico. Con estas cifras, el país continuaría en el fondo de los países miembros de la OCDE en materia recaudatoria, pues el promedio de la recaudación tributaria es equivalente al 34.2% del PIB, es decir, nuestra carga impositiva representa apenas el 47% de la carga promedio.

Sin embargo, el problema no es simplemente el de una carga fiscal baja, sino que este problema estructural representará un serio obstáculo al financiamiento del gasto público en el largo plazo, concretamente en cuanto a los compromisos que el gobierno federal debe enfrentar en el financiamiento del sistema de pensiones. Este reto implica plantear una estrategia que en el corto plazo logre que la captación fiscal rebase el ritmo de crecimiento del país y en el mediano plazo aumente sostenidamente el peso de la carga respecto al PIB.

En efecto, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en su proyección de gasto en pensiones, dio a conocer que de acuerdo con los informes entregados al Ejecutivo y al Congreso de la Unión, el 2021 será la primera vez que el gasto en pensiones sea mayor que los ingresos por cuotas obrero-patronales, ya que se proyecta que el gasto ascienda a 385 mil 298 millones de pesos, mientras que los ingresos serían del orden de 366 mil 663 millones de pesos.

Financiar esta diferencia entre los menores ingresos de las cuotas y los mayores gastos en el tiempo, que incluso podría aumentar, tendrá un gran costo para el país. Financiar esta diferencia es función precisamente del SAT, con base en un replanteamiento de la estructura impositiva actual.

Las proyecciones comentadas fueron efectuadas en un escenario que considera una base estimada de crecimiento económico de entre 2.1% y 2.6% para 2021, de acuerdo con Banxico y Hacienda, respectivamente, y un aumento de 2.6% del empleo formal.

En sus informes de hace 10 años, el IMSS había proyectaba que el gasto en pensiones por Ley de 1973 sería mayor a los ingresos propios hasta el año 2030; empero, las proyecciones se han ajustado y ahora ese escenario se dará mucho antes de lo previsto, ocasionando una fuerte presión al gasto público y a las metas de recaudación del SAT.

El problema del pago de las pensiones es serio. Atenderlo requiere aumentar la recaudación en lo inmediato, pero estructuralmente plantea el inicio de una discusión a fondo del sistema tributario, comenzando con revisar cuáles son los impuestos de base amplia, como el IVA y el ISR, que pueden revisarse y mejorarse en términos de sus cargas impositivas.

Además está el problema muy arraigado en México de la informalidad, la cual representa que los contribuyentes cautivos sean los que continúen tributando y sosteniendo el gasto público y ahora estén más obligados a pagar de una manera más agresiva. El gobierno federal debería trabajar en este sentido para ampliar la base de contribuyentes y lograr que muchas personas físicas y morales al incorporarse trabajen de manera formal y contribuyan al fisco.

El presidente López, si en verdad busca una “cuarta transformación” que cambie las bases de nuestro crecimiento y desarrollo, debería utilizar su popularidad para convocar, diseñar y poner en marcha una reforma fiscal integral que atienda este problema de financiamiento del gasto público.