El aumento de tarifas en el transporte público, siempre ha sido motivo de polémicas e inconformidades por parte de la sociedad, especialmente de los usuarios que padecen las condiciones en las que se encuentran muchas de las unidades y sobre todo de aquellos que el pago de este servicio representa un fuerte gasto que afecta la economía familiar. Por ello, resulta una medida políticamente costosa que se prefiere evitar o dejar al final del periodo de gobierno. Sin embargo, ante el anuncio del gobierno actual de subir en 2.5 pesos la tarifa del transporte público, la pregunta obligada es ¿a cambio de qué?, pues además de los gastos y costos que puedan argumentar los transportistas a su favor y del tiempo que ha transcurrido sin incrementos, la realidad es que el servicio público de transporte que se brinda en la mayoría del estado deja mucho que decir en términos de seguridad, eficiencia, comodidad, limpieza y dignidad para los usuarios.

En términos generales en nuestro país y en nuestro estado, predomina el transporte inseguro, inasequible, que discrimina constantemente a las personas más vulnerables. Este es el resultado de no tener una política de transporte que considere que para combatir la desigualdad y otorgar acceso a los derechos humanos básicos, es indispensable que las personas podamos movernos en el territorio. Dentro de las principales necesidades que existen en el transporte público se encuentran al renovación de unidades, la incorporación de cámaras de seguridad, la instalación de botones de pánico, mejorar la logística de las rutas a fin de hacer más eficientes los traslados de los usuarios, mejorar las condiciones laborales de los conductores, asegurar el servicio para todos los pasajeros, sin importar su condición física y de edad, especialmente los ancianos, niños, mujeres embarazadas y personas con discapacidad.

En este sentido, las estadísticas son contundentes y muestran la cruda realidad en un tema crucial para nuestra sociedad. El robo o asalto en el transporte y el espacio público es el delito con la más alta tasa de incidencia delictiva en México . De Acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (ENVIPE) realizada por el INEGI en el 2018, el transporte público expulsa a las mujeres, 6 de cada 10 han vivido actos de violencia sexual, donde sólo el 3% denuncia debido a la complejidad de los procesos y la continua victimización. En el caso de personas con discapacidad, de acuerdo al reporte 2017 del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la Encuesta Nacional sobre Discriminación, 33% de las personas con discapacidad viven actos de discriminación en el transporte público, dificultando aún más su capacidad de movimiento.

Por lo que hace a los descuentos que las leyes en la materia establecen para distintos grupos de personas es común escuchar de los conflictos con transportistas para otorgar dichos descuentos a estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores, sólo por el hecho que representan menores ingresos para el sistema. ¿Por qué? Tardan más en subirse, los autobuses no están adaptados para transportarlos, hacerlo cuesta y se pierden asientos para las personas que pueden entrar por sus propios medios, además de pagar una cuota menor.

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del 2017 realizada por el INEGI, refleja que las familias con los deciles más bajos, gastan el 11.7% de sus ingresos en transporte, siendo el segundo lugar del gasto familiar, por encima de la educación, el doble del gasto en vivienda y hasta diez veces más que en salud. Esto dimensiona el impacto que puede llegar a tener un incremento en las tarifas de transporte.

De ahí la importancia que tiene el considerar todos los aspectos que se deben tomar en cuenta para brindar un mejor servicio. La mejora del transporte público en el País y en el Estado requiere de un análisis muy profundo para cambiar causas que nos tienen en esta situación, de las obligaciones que el estado ha decidido abandonar e ignorar, de la reconstrucción de una política de estado que vaya a las causas y no solamente a los vehículos y las calles por donde se mueve.
 
Si tomamos en cuenta que aproximadamente en el área metropolitana de Puebla se realizan 1 millón 553 mil 800 traslados al día, estamos hablando de que con el incremento anunciado arrojaría una cantidad de 3 millones 884 mil 500 pesos al día y 116 millones 535 mil pesos al mes.

Por ello es tan importante que este incremento vaya acompañado de grandes dosis de sensibilidad política, aplicación del estado de derecho, voltear a ver beneficios para todos los participantes del transporte público y de manera prioritaria al más importante que es el usuario.

Pablo Fernández del Campo