Debido a menores previsiones de crecimiento económico, la calificadora Standard & Poor’s bajó el viernes pasado (1 de marzo de 2019) la perspectiva de la calificación de México de estable a negativa. La calificación soberana del país la mantuvo en ‘BBB+’, aunque indicó que hay un tercio de probabilidad de una rebaja el próximo año.

Una baja en la calificación de la deuda de cualquier país implica pasar a un grado de mayor riesgo, es decir, que respecto a los demás países México podría encarecer su deuda, lo que se traduce en la necesidad de otorgar un mayor ‘premio’ en la compra de papeles de deuda que se emitan en moneda extranjera, situación que lleva a pagar más por el financiamiento externo.

Con una menor calificación, algunos fondos de inversión que son invertidos sólo en países con cierto grado de inversión dejarían de comprar papel de naciones que han visto una reducción en su nota por parte de las agencias calificadoras. Técnicamente esto se traduce en un mayor riesgo de una salida de capitales.

Aunque no se trata aún de una baja, sí es una advertencia respecto a la existencia de señales o desequilibrios que, en caso de no corregirse, pueden dar lugar a que la calificación de ‘BBB+’ que el país tiene desde 2013 se pierda.

Además, la calificadora ha advertido acerca del cambio en las políticas del gobierno que insisten en reducir la participación de la iniciativa privada en áreas del sector energético y en otros proyectos que han llevado a una caída en la inversión y en la confianza.

La nueva estrategia pone en Pemex una carga adicional que, combinada con una menor inversión privada, se puede traducir en un menor ritmo de crecimiento, lo que llevaría a más incertidumbre empeorando el perfil financiero del país.

Para que la calificadora regrese a estable la perspectiva se requiere insistir en una gestión económica efectiva que mantenga déficits fiscales moderados, fomente la inversión y aumente la confianza de los inversionistas, acciones que pueden favorecer las perspectivas de crecimiento del PIB y ayudar a mantener las finanzas públicas estables.

Cabe señalar que una situación así ya había sido prevista por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) que había insistido en que se requiere de un sólido Estado de derecho, con reglas del juego claras, para estimular la inversión. Además, había advertido acerca de una mayor probabilidad de que la actividad económica general mantenga un perfil de desempeño más débil, sobre todo en la primera parte de 2019, por lo que también se podría esperar un magro ritmo de avance del sector productivo.

Las preocupaciones del CEESP se basaron en los resultados de decisiones del presidente López como la lucha contra el robo de combustibles, la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), la ausencia de un análisis claro de la rentabilidad social y económica de proyectos como el tren Maya, la política energética relacionada con Pemex y la cancelación de las subastas de energía eléctrica. Aunado a ello, la revisión de concesiones mineras y el bloqueo de vías férreas fueron medidas que afectaron la actividad productiva del país y reflejó un menor ritmo de crecimiento.

Ante estos escenarios será imposible cumplir con el objetivo de las autoridades de lograr una tasa de crecimiento promedio de 4% en el sexenio. Incluso, podría dejarse de cumplir las previsiones más optimistas del Banco de México de un crecimiento de 2.1% para el presente año y de 2.7% para el 2020, por lo que el crecimiento promedio de los cuatro años restantes debería de ser de 4.8%, escenario que se antoja imposible.