Son 30 años de impunidad para los responsables materiales e intelectuales de la ejecución extrajudicial del trabajador universitario y luchador social Gumaro Amaro Ramírez; quien movilizó, politizó y organizó diversos sectores populares, teniendo como base política ideológica el marxismo.

De 1973 a 1976 realizó trabajo político en la región de Tecamachalco y fue uno de los fundadores del Consejo General Campesino (CGC), que llegó a movilizar a más de 20,000 campesinos del distrito de riego de Valsequillo. Es también en 1976 que Gumaro se inscribe en Escuela Superior de Economía del Politécnico en la Ciudad de México, ahí dirige un movimiento estudiantil de rechazados; ya para el año de 1978 ingresa a estudiar Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia ENAH; En esos años, participó activamente en el Consejo Nacional de Casas de Estudiantes, organización que reunía a 300 casas que se encontraban en la actual Ciudad de México y eran habitadas por estudiantes de escasos recursos provenientes del interior de la república.

En 1980 regresó a la ciudad de Puebla y de 1981-1983 fue consejero universitario representando al sector estudiantil de la Preparatoria Benito Juárez García diurna; en esos mismos años conforma la Unión por la Organización de los Estudiantes (UPOE), organización que defendió el derecho a la educación crítica, científica y popular, y que conjuntamente con el Bloque de Lucha Estudiantil Independiente dio origen a diversas casas de estudiantes para que jóvenes de escasos recursos pudieran terminar sus estudios universitarios de las cuales casi todas, salvo la Casa de Estudiantes «Emiliano Zapata», fueron violentamente desalojadas en la década de los noventa por el Estado mexicano y con la anuencia de los rectores José Doger Corte y Enrique Doger Guerrero. También es a principios de los ochenta que Gumaro conforma la Unión de Amas de Casa, organización cuyas demandas económicas principales eran la ampliación de los programas de tortibonos y leche, servicios públicos como el abastecimiento y reducción delas tarifas de agua potable, apertura de tiendas conasupo en las colonias populares; créditos para el suelo y la vivienda, congelación de rentas y apertura de comedores y cocinas populares. Asimismo, fundó la Unión de Ejidatarios y Colonos de Cholula, organización que dio vida a la colonia popular «2 de octubre».

A finales de los años ochenta, funda con trabajadoras de la confección de Puebla, Tecamachalco y Tehuacán el Sindicato Único de Trabajadoras de la Industria de la Costura SUTIC e interviene también en el conflicto laboral con los trabajadores de la planta avícola Álvarez Estrella en Tecamachalco, entrando en conflicto con la central oficialista FROC-CROC que mantenía la titularidad del contrato colectivo; igualmente, dentro de su participación política asesoró a un grupo de trabajadores despedidos por la empresa Estrella de Oro quienes pugnaban por una liquidación justa.

La semblanza de la trayectoria política del compañero, no es sólo una enumeración de hechos, sino un reconocimiento su esfuerzo, determinación y compromiso con las causas populares y también como parte del legado y la contribución al movimiento popular no sólo a nivel estado, sino a nivel nacional por la transformación radical de las condiciones de vida de nuestro pueblo; adoptando siempre la lucha independiente y manteniéndose firme y consecuente hasta el día de su ejecución ocurrida el 17 de febrero de 1989 frente a su domicilio ubicado en la colonia San Manuel, en donde recibió por la espalda 9 tiros de 2 armas distintas, calibre 9 mm .38 especial y .45, además del tiro de gracia, a manos de pistoleros a sueldo quienes huyeron a bordo de un vehículo marca phantom sin placas color guinda.

Se trata pues de un crimen de Estado, con claras motivaciones políticas, por la actividad que desarrollaba y porque pese a la conquista de demandas económicas que arrancaban del gobierno del estado, nunca tuvo una actitud servil o clientelar, pues estaba claro que dichas reivindicaciones materiales eran producto de la lucha y la defensa de los derechos constitucionales y humanos de las organizaciones en las que participaba. Tan es así que señalaba públicamente a Guillermo Pacheco Pulido presidente municipal en esos años y actual gobernador interino, en contubernio con Mario Marín Torres, quien en ese entonces fungía como secretario particular del antes mencionado, de conformar grupos de choque afines al PRI para golpetear a las organizaciones populares independientes y minar los avances de las mismas.

Además, seis meses antes de su ejecución había sido detenido por realizar pintas con contenido político; permaneció en calidad de desaparecido en las mazmorras de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla, hoy Fiscalía General del Estado FGE, ya que a compañeros de lucha y familiares les ocultaron su paradero. En esos días, fue amenazado de muerte si continuaba con su participación política y fue víctima de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes como el permanecer incomunicado amarrado y vendado, donde recibió golpes, toques eléctricos y sumergieron su cabeza en la taza del baño. Es esta la crueldad y la sanguinariedad con la que operaban y operan los cuerpos represivos contra aquellos que se organizan; es claro pues que el Estado, tenía conocimiento de su militancia y participación política, no es casualidad que el entonces gobernador Mariano Piña Olaya, designara como secretario de seguridad pública al mayor José Ventura Rodríguez Verdín a fin de dar continuidad a la Guerra de Baja Intensidad en nuestro estado.

La muerte del compañero Gumaro Amaro trajo consecuencias a las organizaciones en las que participaba, quienes conjuntamente con otras se sumaron solidariamente a las movilizaciones multitudinarias que exigían el esclarecimiento del caso en los próximos meses, sin embargo poco a ´poco fueron desmovilizándose, mediante la coptación y traición de gente cercana a nuestro compañero, quienes pasaron a servir a las filas del enemigo. En una acción contrainsurgente de exterminio del movimiento popular en Puebla, se incriminó a dirigentes de otras organizaciones de masas de carácter independiente de ser los perpetradores del crimen.

De igual forma, las repercusiones se extendieron hacia la familia, tanto económicas como políticas, morales y emocionales. Gumaro trabajaba en la preparatoria Benito Juárez como técnico mimeografista; así que por derecho le fue otorgada la plaza a la compañera Lourdes Ayometzi Rojas, viuda de este. Sin embargo, en 1992 se viene al interior de la universidad una ola de represión y despidos masivos; el hostigamiento y la intimidación es tan fuerte que se le obliga a firmar su renuncia, siendo recontratada hasta el año 2001, sin respetar la antigüedad y reasignándole la categoría más baja del tabulador.

Como parte de las acciones emprendidas en la búsqueda de justicia para la familia Amaro se solicitó en el 2012 al Congreso el Estado por medio de la Diputada Denisse Ortiz Pérez, entonces Presidenta del Comité de Gestoría y Quejas, que coadyuvara para el juicio y castigo a los responsables de los asesinatos de nuestros compañeros Gumaro Amaro Ramírez y Fermín Mariano Matías, así como una solicitud para legislar una Ley Contra la Desaparición Forzada. No obstante la dilación fue la respuesta otorgada por dicha legislatura a nuestra solicitud.

En febrero de 2014 se giraron oficios a los 189 integrantes del Honorable Consejo Universitario así como a diferentes dependencias al interior de la Universidad con la finalidad de que el máximo órgano de gobierno se pronunciara por el esclarecimiento del caso y el reconocimiento de Gumaro como un universitario emblemático en la historia de nuestra máxima casa de estudios y como una forma de contribuir al acceso a la justicia se respetaran las condiciones laborales para la compañera Lourdes. En ese entonces se tuvo diálogo con René Valdiviezo Sandoval, entonces Secretario General de la Universidad, quien negó la posibilidad de que el Consejo se pronunciara por el esclarecimiento del caso; sin embargo, se comprometió a restaurar las condiciones laborales a cambio de la no movilización por parte de nuestra organización ante la exclusión de aspirantes dentro del proceso de admisión 2014; razón por la cual se rechazó dicha propuesta pues se intentó condicionar y comprometer nuestra práctica política.

Nuevamente el 27 de enero de 2016 durante sesión de consejo universitario, se planteó la misma solicitud, haciendo entrega nuevamente de oficios a los nuevos Consejeros para que tuvieran conocimiento del caso. En ese momento, se mencionó que la Abogada General Rosa Isela Ávalos Méndez atraería el caso; no obstante sabemos que este no es un caso estrictamente legal, sino fundamentalmente de legitimidad, cuya solución debe estar basado en el principio pro persona.

Como parte de las irregularidades la Fiscalía General del Estado tanto en la administración de Víctor Carrancá Bourget y en la actual cuyo titular es Gilberto Higuera Bernal afirman que el expediente del caso Gumaro Amaro Ramírez no existe en dicha dependencia, sin dar mayor explicación al respecto, pese a que existía seguimiento por parte de los órganos de inteligencia desde los años setenta; situación que distancia más las posibilidad de esclarecer dicho crimen. Su omisión frente a la ejecución extrajudicial de nuestro compañero durante estos años los vuelve aquiescentes con los responsables materiales e intelectuales.

A lo largo y ancho del país: la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, el desplazamiento forzado, la tortura, el hostigamiento con miras a la desmovilización y desarticulación del movimiento popular independiente sigue siendo una constante a pesar del cambio de administración, porque en esencia el régimen con su Estado policiaco-militar se mantiene.

Es importante puntualizar que la presente administración, lejos del retórico discurso del perdón, tiene la obligación de asegurar justicia, que se investiguen, juzguen y castiguen a los responsables de los crímenes de lesa humanidad en el gobierno así como aquellos que hayan sido perpetrados en sexenios pasados puesto que son delitos que por su naturaleza no prescriben, así como la erradicación de estos.

Por lo anterior solicitamos al ejecutivo federal Andrés Manuel López Obrador y a nivel estatal a Guillermo Pacheco Pulido, actual gobernador interino de nuestra entidad, quien como se mencionó anteriormente se encontraba en funciones cuando los acontecimientos se suscitaron y por ello cuenta con información de primera mano que puede permitir avanzar en la investigación; así como al rector Alfonso Esparza Ortiz:

· El esclarecimiento de la ejecución extrajudicial del luchador social Gumaro Amaro Ramírez

· Juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de este crimen

· Como parte de la reparación integral del daño que se contemple la situación laboral en la que se encuentra la compañera Lourdes Ayometzi Rojas, viuda de Gumaro Amaro Ramírez.

Finalmente, exhortamos al pueblo de México a no claudicar en la exigencia de justicia para las víctimas de los crímenes perpetrados por el Estado; a no desmovilizarse, sino todo lo contrario, continuar organizándose por la defensa de los derechos humanos y por el Socialismo como la única alternativa viable para mejorar las condiciones de vida de todo el pueblo.